El Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva que decrete un estado de emergencia pública ante la escalada de violencia contra los pueblos indígenas. La recomendación, aprobada el viernes 7, representa una nueva presión sobre Brasil, anfitrión de la COP30, la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas, inaugurada este lunes 10.
“Existe una negligencia del Estado brasileño hacia los pueblos indígenas, incluso siendo sede de la COP”, afirmó Lara Estevão, consejera del CNDH y abogada popular de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT). En la solicitud, el consejo describe un escenario de agravamiento de la violencia, con asesinatos, amenazas, desalojos e invasiones de territorios indígenas, además de deficiencias persistentes en los servicios de salud y educación. Las conclusiones se basan en misiones de campo y audiencias públicas realizadas desde 2024.
Los informes citados por el CNDH también señalan impactos de iniciativas climáticas mal planificadas. Durante una misión a la Tierra Indígena Enawenê Nawê, en el estado de Mato Grosso, el consejo identificó violaciones en proyectos de créditos de carbono implementados sin consulta previa, con riesgo de restringir el uso del territorio y afectar las formas de vida de la comunidad. El CNDH sostiene que las políticas climáticas no pueden vulnerar los derechos territoriales. Según Estevão, la recomendación habría sido formulada incluso si no existiera la conferencia de las Naciones Unidas, pero el consejo decidió divulgar el documento antes del inicio de la COP30, considerando que el evento otorgaría mayor visibilidad política e internacional a las denuncias.
El CNDH es un organismo federal autónomo que monitorea y propone acciones para la defensa de los derechos humanos en el país. Está integrado por 18 representantes del gobierno y de la sociedad civil, y puede emitir recomendaciones, acompañar casos de violaciones y proponer medidas a los poderes públicos. Creado en 2014, funciona de manera independiente, aunque está adscrito al Ministerio de Derechos Humanos.
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