LA CARRERA POR MINERALES CRÍTICOS avanzó sobre la Amazônía y llegó a la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas, la COP30. Empresas mineras y gobiernos han celebrado el potencial brasileño para extraer minerales esenciales para la transición energética, pero el Ministerio Público Federal de Pará observa el proceso con “preocupación”.
En entrevista exclusiva a Repórter Brasil, la procuradora Thaís Medeiros da Costa encendió una señal de alerta ante la expansión de la minería y su posible impacto sobre los pueblos indígenas y comunidades tradicionales. “Esta nueva carrera tiene un potencial de riesgo muy grande para los pueblos de la Amazonía”, afirma.
Minerales como el litio, tierras raras, cobre y níquel son importantes para la producción de baterías e imanes de alta potencia, fundamentales para la transición energética por reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Por ello, los proyectos de explotación de minerales críticos tienen prioridad en el proceso de licenciamiento ambiental e incentivos financieros, como la reciente convocatoria de BNDES, que invertirá R$45 mil millones en proyectos de minería orientados a la descarbonización de la economía.
La procuradora observa un “distanciamiento peligroso” entre la ANM (Agencia Nacional de Minería), que autoriza la explotación minera, y las organizaciones ambientales, encargadas de licenciar los emprendimientos. Los eventuales impactos sobre las comunidades deberían ser una preocupación para ambos extremos de la cadena, evalúa Costa.
“Es necesario un doble análisis para comprobar si el proceso de licenciamiento se llevó a cabo correctamente y si se respetaron todas las garantías legales. La ANM falla en muchos aspectos, y este es uno de ellos”, señala la procuradora.
La Tierra Indígena Kayapó es la más invadida por la minería ilegal de oro en el país, con más de 13 mil hectáreas ocupadas (Foto: Marizilda Cruppe/Greenpeace).
Una investigación de Repórter Brasil identificó más de 7.700 solicitudes de explotación de minerales críticos en la Amazonía Legal. Una parte de ellas se encuentra a menos de 10km o incluso dentro de las unidades de conservación o en áreas ocupadas por pueblos indígenas y quilombolas. En este caso, la legislación exige que se consulte a las comunidades afectadas, pero no siempre ocurre de esta manera, cuenta la procuradora.
En agosto, Thaís Costa firmó la acción civil pública que solicita la anulación de una licencia para la extracción de